Otra concesión municipal cuestionada

Tras la polémica generada por las conexiones ilegales al tendido eléctrico de bares y restaurantes de la Rambla Catalunya, ediles pidieron informes y limitaciones en torno a la concesión del ex Munich.

La semana pasada, el Concejo Municipal aprobó un decreto para que el Ejecutivo garantice las fuentes laborales en los bares cuya concesión fue caducada por conexiones ilegales, al mismo tiempo fue centro de reclamos y debates que por momento elevaron el tono de oficialistas y opositores.

Esta semana, el concejal radical Jorge Boasso presentó un pedido de informes por la adjudicación para la explotación comercial de un local situado en avenida Libertad y Necochea, donde funcionó Munich hasta 2011, como un “salón de eventos”, a pesar de que el decreto original se refería a un comercio de “Bar-Restaurante”.

Según detalló el legislador, desde el municipio señalaron que la habilitación incluye la posibilidad de hacer hasta seis eventos bailables por mes mediante un permiso circunstancial, “dejando en evidencia que dicho comercio abriría sus puertas bajo el ilícito, irregular y no tipificado rubro de ‘Salón de Eventos’”.

“Hemos recibido el reclamo muy claro y justo por parte de los vecinos. Por qué habilitan un salón de eventos cuando no se encuentra en las bases de datos de Normativa web de la Municipalidad. Aquí podría verse afectada la tranquilidad un barrio residencial mediante la realización de casamientos, eventos musicales, cumpleaños, fiestas privadas. Debemos considerar que este Salón de Eventos puede generar situaciones no deseables en la convivencia entre vecinos pudiendo afectar su vida cotidiana”, agregó Boasso.

Por otro lado, la edila María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, protestó por el “canon arbitrario” pautado en esa misma concesión y presentó dos proyectos para que el Ejecutivo no pueda autorizar “eventos bailables” en el lugar.

El proyecto también señala que “el Ejecutivo procederá a intimar de modo fehaciente al concesionario adjudicatario para que dé inicio al trámite de habilitación” y establece que “de no concretarse la apertura definitiva del emprendimiento, así como de los servicios conexos, en un prudencial plazo que fijará la administración municipal, la intendencia procederá a extinguir el contrato”.

Tras señalar irregularidades que se registraron desde 2011, cuando se prorrogó el llamado a licitación para la explotación del local, Gigliani también señaló que en el contrato de concesión se menciona un acta de noviembre de 2012, donde se establece que “recién el canon se comenzará a pagar cuatro años a partir de la habilitación” del emprendimiento. “Lo que nos llama la atención, ya que no sabemos cuál ha sido la motivación que ha tenido el Ejecutivo al firmar esa acta y es por ello que hemos pedido que se nos remita esa información”, señaló.

“Está claro que se han hecho modificaciones, no ha pedido de un interesado, sino que el propio gobierno municipal incorpora un nuevo rubro en función del único oferente que es Cuatromasuno SRL, el que termina siendo adjudicatario de esta concesión. Es una solución intermedia mediante la cual se burla la normativa que se transforma en un antecedente complicado y arbitrario y sobre el cual se pueden apoyar otros emprendimientos locales que pueden pedir el mismo tratamiento”, concluyó Gigliani.

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